En Navidad repunta la sustracción internacional de menores

Cerca de cien expertos, procedentes de todo el mundo, se dieron cita hace unos días en el Colegio de Abogados de Málaga, donde tuvo lugar un Congreso Internacional sobre Sustracción de Menores, organizado por ASIME, asociación que aglutina a abogados especializados en luchar contra esta lacra.

En estas jornadas, se analizó esta cuestión de forma multidisciplinar y la vigencia   de la Convención de Sustracción de Menores de 1980 y el Convenio de 1996. Una de las conclusiones señala que en el 70% de los casos es la mujer la que hace la sustracción del menor.

El encuentro se llevó a cabo en inglés y español, con traducción simultánea. Abogados, jueces, mediadores, un fiscal del Tribunal Supremo y otros profesionales especializados en sustracción de menores de veinte nacionalidades de África, Asia, América y Europa asistieron a este evento  con una destacada  representación española encabezada entre jueces, fiscales y abogados especializados en sustracción de menores.

Adriana de Ruiter, socia de Tulip Abogados, despacho especializado en derecho internacional de familia y presidenta de la Asociación Profesional contra la sustracción de menores internacional (ASIME), lanza la voz de alarma y recuerda que en cualquier época vacacional, como ésta próxima, crecen las sustracciones de menores.

En estas jornadas, los expertos han señalado que ante un problema de este tipo se puede trabajar de forma preventiva y “la recomendación más importante es tener claro que si uno de los dos cónyuges se lleva al menor a su país de origen de vacaciones, debe quedar claro cuándo es la vuelta y que la residencia del niño es en España». «Esa orden de traslado la pedimos los abogados al juez y puede ayudar a evitar dicha sustracción del menor”, manifiesta De Ruiter.

Mesa inaugural del Congreso. De izquierda a derecha: Mayte García, tesorera de ASIME; Carlos María Conde, teniente alcalde de Málaga; Adriana de Ruiter, presidenta de ASIME; Aurora Ortega, diputada del Colegio de Abogados de Málaga, Carolina Marín, vicepresidente de la asociación, Carmen Varela, secretaria y José María del Río, vocal.

Esta letrada señala que por lo general dicha sustracción se produce antes del divorcio. Es el caso de muchas madres rusas que de la noche a la mañana se vuelven a su país con el menor. Es muy difícil lograr la restitución si es un hijo con madre rusa. En otros casos, la retención se produce tras un periodo de vacaciones, de verano o Navidades. “Al final, es una retención ilícita”, apunta esta jurista. También señala que también es complicado la vuelta si ese menor se va a los países árabes.

Esta abogada es partidaria de “firmar un poder en la comisaría o en el notario autorizando la salida del hijo con la fecha de vuelta explícita». Sostiene que hay que romper la costumbre de organizarlo por teléfono de forma informal.

Otra cuestión que señala esta jurista, que moderó un panel con abogados de los cinco continentes, es que “ese poder se hace de un día para otro» y que en muchos países de recepción de menores piden un documento de este tipo, «lo que también genera seguridad para la persona que se lleva ese menor». «Ahí queda claro que la residencia está en España”, indica.

Actuar con rapidez

Sin embargo, pese a esa precaución “puede pasar que el menor sea sustraído de su residencia habitual». 

«Hay que actuar con diligencia, porque el tiempo es un elemento a tener en cuenta. Aquí, la mediación puede ayudar a evitar que se consagre la citada sustracción de menores, como hemos visto en este Congreso”, apostilla la presidenta de ASIME.

En este contexto, afirma que hay que “pedir la restitución del menor a través de la autoridad central o el país donde estén detenidos y en España pedir una modificación de medidas o unas medidas concretas». «Sobre este tema hemos analizado la importancia de las medidas cautelares, tanto durante el procedimiento de sustracción como una vez se dicte la restitución para que se retorne al país de origen sea seguro”, expone.

Esa experta señala que tras una reforma de 2015, los asuntos judiciales se centran en los juzgados de las capitales de provincia donde reside el menor. “Lo último que hay que hacer es interponer una denuncia penal, solo en algunos casos muy concretos», declara esta abogada. Y dice que con ese cambio normativo, «la calidad de las resoluciones de los jueces sobre estos temas ha mejorado mucho”.

De izquierda a derecha: Martín Martínez, letrado del TJUE; Javier Forcada juez de enlace; y parte de la junta de ASIME: Carmen Varela, Mayte García, Adriana de Ruiter , presidenta; José María del Río y Carolina García, vicepresidenta.

Según explica, en la actualidad, los procedimientos se resuelven en seis semanas en primera y segunda instancia. «Son casos donde hay que preparar la documentación para acreditar que hay sustracción. Se trata de acreditar la residencia habitual del menor, que cambia bastante en estos últimos años porque las familias se mueven bastante. Una vez logrado, hay que ver si hay autorización para esa salida y lo más importante es que el juez dicte el retorno que se haga bien”, informa.

Adriana de Ruiter reconoce que pese al esfuerzo de algunos colegios de abogados y asociaciones como ASIME, con cursos de capacitación para abogados en esta materia, “siguen faltando profesionales especializados en la materia». «Este asunto es delicado y no se puede dejar en manos de cualquiera. Es importante contar con un abogado especializado en estos temas», manifiesta.

La importancia del Convenio de la Haya

Entre los ponentes que han participado en este Congreso  destacan, entre otras, las intervenciones de Francisco Javier Forcada, magistrado-juez de la Audiencia Provincial de Madrid, doctor en Derecho y letrado jefe de Sección del servicio de relaciones internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien analizó la jurisprudencia del Tribunal de La Haya; y de la magistrada Dolors Viña, de la Sección 18ª (Familia) de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se centró en la gestión del traslado de los menores que debe verse con la perspectiva de género.

Por videoconferencia participó el presidente del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Ricardo Pérez, que insistió en la importancia de respetar los derechos de los menores en estos asuntos de sustracciones internacionales.

En la organización del congreso se ha implicado de forma notable la Junta Directiva de ASIME, formada por Adriana de Ruiter, presidenta; Carolina Marín, vicepresidente; Carmen Varela, secretaria;  María Teresa García, tesorera y los vocales Anna M. Vidal, Ana Criado y José María del Río,  que han preparado al detalle la logística de estos dos días de trabajo.

En este Congreso internacional, celebrado por vez primera en España, se destacó que unos 103 países han suscrito el Convenio de la Haya sobre sustracción de menores de 1980. “Está toda América, Europa, algunos países de Asia y España, que lo firmó en 1985″, indica Carmen Varela, otra de las promotoras de ASIME, con despacho profesional propio.

Al mismo tiempo, aclara que países de África y gran parte de Asia no han suscrito dichos convenios, con lo cual, las posibilidades de retorno son escasas, como sucede si el menor acaba en Rusia o México. «En este país se puede tardar cuatro años hasta que vuelva el menor”, apunta Varela, experta en estos temas.

‘Networking’ realizado a lo largo de estas dos jornadas de trabajo entre juristas de todo el mundo.

También señala que hay otros países como Polonia, Eslovaquia, y otros del Este que en principio dictan el retorno, pero a la hora de ejecutar se complica mucho.  «En todos estos países es complicado que nuestro hijo retorne de forma adecuada. Debemos evitar que se marche allí porque luego la vuelta va a ser complicada y muy lenta en muchos casos”, expone.

Esta abogada indica que “en nuestro país, hubo 385 sustracciones el año pasado, según datos de las policías autonómicas, y que se espera cierto crecimiento a finales de este año. Málaga, Barcelona y Madrid son las ciudades con más casos. 

Según destaca esta jurista, los procesos de retorno son bastante más ágiles en España que en otros países de nuestro entorno.

En España hubo 385 sustracciones de menores en 2022

Para Carmen Varela, la cuestión no es tanto la orden de retorno, sino fijar unos criterios claros para implementar la citada orden. «En la actualidad, los sistemas australiano y sobre todo el inglés están a la vanguardia de la lucha contra esta lacra. Sus órdenes de retorno son más detalladas”, explica.

Y subraya que “Inglaterra es el único país que tiene un tribunal de sustracción, en Londres, y el que tiene el mejor sistema de protección». ·»En el caso de Grecia, nos contaron colegas de ese país que funciona bien la Policía en la ayuda en estos casos. Los propios letrados pueden llamar a la autoridad aeroportuaria y consiguen paralizar barcos y aviones y esas sustracciones”, informa.

Varela hace hincapié en que ante un posible indicio de sustracción “hay que interponer un recurso para cierre de fronteras a través de un recurso que sigue las pautas del artículo 15 del Código Civil que establece impulsar proceso de jurisdicción voluntaria en el que sin darle traslado a otra parte, si aportas una grabación o algo que indica que se lo va a llevar a otro país, se pone una demanda urgente y se cierran las fronteras ante ese riesgo”.

En ese caso, «solo podrían salir con autorización judicial, aunque el proceso se demora sobre el mes y medio, por eso también se puede retener el pasaporte y el DNI del menor”.

«Los procesos de retorno son bastante más ágiles en España que en otros países de nuestro entorno»

Otro rasgo de la sustracción de menores “es su acción sorpresiva», subraya esta experta, y apunta que «en muchas ocasiones, el progenitor no avisa y cuando el otro llega a casa ve que su cónyuge ha desaparecido con el menor». «Aquí todo se hace con mucho secretismo, lo que es un golpe muy duro y genera situaciones de mucho estrés”, señala.

Según se informó en el congreso, el Centro de Mediación de Cataluña, la judicatura, ASIME y los mossos de escuadra ultiman un protocolo sobre sustracción internacional de menores. «Se trata de ayudar al retorno del menor tras una larga ausencia. Es previsible que si esta iniciativa cuaja se extienda a otras CCAA”, apunta Varela.

Desde su punto de vista, “cuando se pone una denuncia en comisaría, puede entorpecer mucho el retorno de ese menor». Afirma que hay procedimientos civiles más efectivos que esa denuncia, que sirve de excusa para que el progenitor sustractor no vuelva a país alegando que tiene ese procedimiento abierto”.

Mediación y sustracción de menores

En el congreso también se habló del uso de la mediación en este tipo de asuntos cada vez de forma más habitual. Expertas como la mediadora española Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores (AMM) hasta hace algunos meses y vocal de mediación en ASIME fue la coordinadora de la mesa de mediación.

“Ha sido muy interesante contar con la presencia en nuestro panel de dos asociaciones como MIKK (Alemania) y Reunite (Reino Unido), que han compartido su experiencia, con todos los profesionales presentes sobre la mediación en los casos de sustracción de menores en sus países”, comenta Criado a Economist & Jurist.

Ana Criado (en el centro), vocal de mediación de ASIME, moderó el panel sobre el uso de esta práctica en sustracción de menores.

Según indica, “MIKK, con 314 mediaciones en 2022 (60% de acuerdos), y Reunite, con 86 casos el mismo año (61% de acuerdos), abogan por la necesidad de utilizar la mediación en las sustracciones”.

«En este debate se indicó que  la mediación supone un ahorro de tiempo importante absolutamente determinante en el periodo de separación de los menores con el progenitor/a que denuncia la sustracción, que la duración media de una sustracción en un juicio desde la presentación de la demanda dura entre dos y cinco años, y que en mediación se pueden reducir los plazos hasta seis meses”, informa.

En esta mesa redonda también se destacó que “la complejidad jurídica internacional transforma las sustracciones en un coste económico desorbitado para los progenitores, por lo que muchos de ellos no denuncian porque no se lo pueden permitir”.

Asimismo, subrayaron que la voz de los menores durante la mediación puede ser escuchada gracias a la profesionalización de mediadores, aspecto a tener en cuenta, ya que la escucha activa de los niños sustraídos se realiza en un entorno mucho más amable que el de un juzgado.

Desde su punto de vista, “los profesionales de la abogacía que en realidad son los prescriptores de la mediación, deben entender que son parte del proceso y que juntos podemos llegar a acuerdos que benefician a las familias que representan”, destaca esta experta.

“Lamentablemente”, comenta Ana Criado, “al contrario de Alemania y Reino Unido, en España no contamos con el apoyo ni nuestra autoridad central, ni del Ministerio de Justicia para poder gestionar las sustracciones a través de la mediación, a pesar de tener profesionales reconocidos internacionalmente”.

Es previsible que el próximo Congreso Internacional se celebre en 2025 en Roma.